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Número 415
11 de agosto de 2020

EL GOBIERNO ROMPIÓ CON MODELO SECTORIAL

PARA ASIGNAR RECURSOS A PROGRAMAS SOCIALES

*Ese esquema favoreció la fragmentación, poca coordinación y duplicidad 

 

*Lo importante era gastar el presupuesto sin evaluar si contribuía a resolver los problemas


 

Más que privilegiar el sistema de mediación entre actores sociales locales y gobiernos estatales el actual gobierno de México favorece programas de corte redistributivo dirigidos directamente a la población, afirmó el doctor Alejandro Vega Godínez, investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

Aunque no es posible indicar si durante el primer año del actual gobierno la duplicación y fragmentación de apoyos sociales en el interior del país se haya suprimido, lo cierto es que durante años los recursos públicos se ejercieron sin un eje, un centro integrador que racionalizara su uso, lo cual ha generado gran incertidumbre sobre lo que está sucediendo.

 

Durante el Foro Políticas públicas hacia el bienestar y la cohesión social en el Gobierno de la Cuarta Transformación en México, organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, el académico abordó las modificaciones a los artículos 17 Bis y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los planes sectoriales que trastocaron la forma como se gestionan los asuntos públicos a nivel local, así como la pertinencia o no de la transformación y reducción de entre 640 y dos mil 300 delegaciones locales y el número de beneficiarios.

 

“Hay un trabajo muy fuerte por realizar porque no queda claro cómo se genera el padrón de beneficiarios de programas sociales, pues si bien algunos tuvieron validez plena con el tiempo también se convirtieron en clientelares”, aseguró el docente del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM.

 

La maquinaria administrativa todavía no está lista porque ha sido difícil para los actores entender lo que está sucediendo y “este primer año lo interpreto como un proceso de transición en el que el nuevo esquema aún no arranca, pero el viejo tampoco está funcionando plenamente”.

 

Desde el año 2000, Vega Godínez ha centrado su investigación en Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco, entidades donde la gestión de política social se privilegiaba de acuerdo a una coordinación vertical o una lógica de silos en la que una agencia central se comunicaba a través de sus delegaciones con los estados en una administración espejo.

 

“Este modo de interacción ha favorecido la fragmentación, poca coordinación y duplicación de programas por distintas dependencias federales, en una lógica de producción que no evaluaba si el problema había sido resuelto y lo importante era gastar el presupuesto pues de lo contrario habría una sanción y reducción de presupuesto para el ejercicio siguiente”.

 

Con esta reforma a la ley orgánica, reconoció, se rompe con la lógica sectorial para hacer llegar los recursos de manera directa a la población beneficiaria.

 

El doctor Raúl Figueroa Romero, profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la Casa abierta al tiempo, dijo que en la denominada Cuarta transformación que encabeza el gobierno federal el vínculo que creció con la sociedad para generar gobernanza se ha sellado casi por completo.

 

Sin embargo, una problemática es que no “hay reglas de operación, no hay reglamentos para llevar a cabo todos los planes y acciones”. Por lo tanto, deben expedirse leyes que garanticen el acceso a la toma de decisiones en asuntos públicos, que reconozcan a los diferentes actores y normen su intervención, así como replantearse pronto esta nueva relación para transmitir a los organismos internacionales que en México se está reabriendo la colaboración entre sociedad civil y gobierno.

 

El doctor Miguel Rodrigo González Ibarra, docente del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa y moderador del encuentro, reconoció la relevancia de poner sobre la mesa las acciones que la actual administración emprenderá para resarcir los efectos de la crisis económica y de la pandemia de COVID-19 en el país.

 

En el Foro Políticas públicas hacia el bienestar y la cohesión social en el Gobierno de la Cuarta Transformación en México también participaron José Tomás Magaña Bojórquez, subdirector de Investigación y Análisis de la Dirección General Adjunta de Capacitación, Profesionalización e Investigación para las Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social; Tomás Pérez Alvarado, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Freddy Hernández Bazán, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

 

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