La seguridad humana –propuesta en 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– parte de un concepto en el que más allá de la defensa militar de la soberanía y un territorio el Estado procura proteger y crear sistemas que brinden a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad, expuso el maestro Roberto Huerta Peruyero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En este modelo la seguridad no sólo se concibe como la acción contra una amenaza a la integridad física, sino que se entiende desde la perspectiva del desarrollo humano y su eje rector es proteger la vida y la realización individual, así como el conjunto de libertades que permiten su desarrollo, explicó durante el Primer Coloquio de Derechos Humanos UAM, celebrado en la Casa Rafael Galván.

Sin embargo, “México se encuentra estancado en este esquema que ha ejercido durante todo el siglo XX y principios del XXI; no obstante, en 1994 se realizó una reestructuración y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del cual derivó la estrategia 2006-2018 que se basó en la guerra contra la delincuencia organizada y en la militarización, es decir, ejércitos realizando funciones que corresponden a cuerpos civiles”. 

El objetivo primordial es mantener el orden a través de una función policial autoritaria que representa un patrón reactivo. En tanto, la confianza ciudadana, que incorpora el principio de los derechos humanos considerando a los integrantes de una comunidad como ciudadanos, privilegia la prevención y la investigación más que la sanción y la acción reactiva. 

El crecimiento de la violencia en el país responde a la implementación del sistema económico neoliberal que ha provocado un aumento de la población en situación de pobreza, precarización de las condiciones de vida, privatización de las empresas públicas, abandono del sector agrícola y rural, reducción del gasto público en materia social, concentración de la propiedad y de la riqueza en pocas manos y, por lo tanto, un aumento de la desigualdad.
 
La seguridad humana considera siete dimensiones para cubrir la esfera de bienestar humano: económica, alimentaria, de salud, ambiental, de la comunidad, política y personal, todas ellas con el propósito de garantizar la libertad de vivir sin temor, sin miseria y con dignidad, explicó el académico del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco. 

En la económica es preciso erradicar la pobreza como amenaza y reafirmar un ingreso básico que provenga de un trabajo productivo, pero el país conserva una profunda inequidad y condiciones precarias y marginales de la mayor parte de la población, además de que favorece a las grandes empresas a costa de la estabilidad de la fuerza laboral.

Para afianzar el rubro alimentario deben desaparecer la hambruna y la desnutrición y procurar el acceso a comestibles de calidad y nutritivos, pero hasta el momento las estrategias han fracasado y ha habido un nulo avance en el desarrollo de la agricultura nacional, debido al incorrecto diseño e implementación de los programas.

Las personas deben tener asegurado también el derecho a la salud, sin embargo, sigue sin garantizarse el acceso universal a la atención médica, al existir deficientes sistemas y servicios, carecer de abasto de medicinas y contar con un número creciente en adicciones, embarazos adolescentes y mortalidad materna e infantil.

A pesar de que la seguridad ambiental contempla procurar la sustentabilidad, la nación no ha generado mecanismos eficientes para detener el deterioro ecológico y siguen aumentando los daños irreversibles provocados por actividades extractivistas.

En el territorio nacional aún no existen condiciones que permitan la inclusión de todos los grupos de la población y la erradicación completa de la discriminación, y persisten los delitos por razones de género u orientación sexual, por lo que la protección de la comunidad tampoco está resguardada.

La certeza política alude a la ausencia de amenazas de represión por parte del Estado y a la ausencia de obstáculos que permitan el correcto desarrollo del régimen democrático y el respeto a los derechos humanos. 

Si bien la garantía personal busca erradicar las intimidaciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos, en particular la violencia física por parte del Estado o de grupos o individuos, en el país la incertidumbre y la tasa de víctimas del delito van en aumento, prevalece una mayor participación de las fuerzas armadas y la estrategia de seguridad nacional 2018-2024 continúa con el modelo militar a través de la Guardia Nacional.

La percepción de corrupción en policías, ministerios públicos, Ejército y Marina se ha incrementado y continúan las violaciones a las garantías individuales a pesar de las recomendaciones de comisiones estatales y nacionales, y las sentencias de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“México debe superar el modelo actual que ejerce a través del uso de la fuerza y de las corporaciones militares, y transitar hacia la seguridad humana, y no sólo en términos discursivos”, finalizó.