Un homicida múltiple tiene más derechos que cualquier migrante detenido en la frontera con Estados Unidos, donde en un espacio menor a diez metros cuadrados hacinan a decenas de personas que hasta por tres meses esperan refugio o ser deportados, aseguró el maestro Jorge Pérez Cobos en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante el Coloquio El quehacer antropológico en la búsqueda y construcción de la paz y la justicia dijo que en su labor de acompañamiento a gente en tránsito por Chihuahua descubrieron que en su gran mayoría se trata de sujetos desplazados forzadamente de sus hogares por el narcotráfico o grupos del crimen organizado, por lo que bien podrían ser candidatos a refugio en el país vecino.

El director de Uno de Siete Migrando, A. C., organización de apoyo a personas en éxodo por Chihuahua, detalló que muchos escapan de matanzas, de la persecución de delincuentes y de la pobreza, “que es la peor forma de violencia que existe”.

En el ámbito nacional el actual sexenio es uno de los más crudos para aquellos en el exilio, pues a pesar de que existía la expectativa del perfil humanitario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste pactó la creación de un ejército para contener a los migrantes, la llamada Guardia Nacional.

El programa más reciente creado en Estados Unidos obliga a aquellos que buscan refugio a enlistarse para una entrevista –comúnmente llamada de “miedo creíble”– en la que sus autoridades deciden si el temor del solicitante está fundado y sustentado para después ser enviados de nuevo a México, donde esperan una resolución que puede tomar meses o incluso hasta un par de años, y cuya tasa de rechazo es de 97 por ciento.

La doctorante del posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM Gabriela Martínez Castillo recordó que los integrantes de la familia que no migran también padecen duros estragos, al enterarse de las vejaciones o incluso desapariciones de sus parientes.

Tras meses o años de espera muchos inician búsquedas forenses, aunque muchos son reclutados con fines de trata laboral o sexual en campos de explotación y esclavitud recogiendo o sembrando amapola, o como trabajadoras domésticas en la frontera con Guatemala.

“Quienes los están encontrando son las propias familias con poca o sin ayuda del Estado, pero algunos han tenido que huir por el riesgo de señalar las razones y a los cómplices que cometen estas atrocidades”.

La doctora Luz María Salazar Cruz, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, dijo que entre 35 y 40 países poseen características de desplazamiento forzado con causas internas como tácticas político-militares, guerras partidistas, religiosas o étnicas, siendo México el primero que aparece en ese escenario, principalmente por narcotráfico y crimen organizado.

La violencia está desalojando a pueblos enteros como sucedió con San Juan Copala y San Miguel Copala, Oaxaca, comunidades que en 2008 padecieron hostigamiento de grupos paramilitares que acecharon a sus cerca de 300 habitantes con armas de fuego y les ordenaron abandonar sus casas en un plazo máximo de tres horas.