La información sobre la ejecución de los 11 mil 327 millones de pesos (mdp) que hasta 2017 había repartido el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros –conocido como Fondo Minero– ha sido escasa y la aplicación de esos recursos no ha representado mejoras a las comunidades donde se desarrolla esta actividad, concluye la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
 
La especialista indica en su texto El Fondo Minero y la fallida lucha contra la pobreza que la situación en México es alarmante, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) según la cual tres entidades –Sonora, Zacatecas y Chihuahua– concentran 63 por ciento del recurso, que asciende a 7 mil 157 mdp, de los cuales se ha reportado únicamente el uso de 4 mil 710 mdp, por lo que falta transparentar el destino de 2 mil 446 mdp.
 
El objetivo primordial del Fondo creado en 2014 es financiar obra pública en las 28 entidades que tienen actividad de extracción, pero esa concentración carece de sustento, asegura la docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.
 
La también presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica precisa que si se revisa la situación de los tres principales municipios en cada uno de estos estados: Cananea, Nacozari de García y Caborca, en Sonora; Mazapil, Fresnillo y Morelos, en Zacatecas, y Ocampo, Santa Bárbara, y Madera, en Chihuahua, se repite el problema de falta de información precisa sobre el destino de los recursos.
 
Sobre el impacto benéfico, Azamar Alonso refiere que sólo los municipios sonorenses han mejorado la condición previa a la ejecución mientras que el resto de los ayuntamientos está por debajo de la línea de pobreza hasta con 80 por ciento de su población.
 
La investigadora apunta que si bien no se puede responsabilizar a la minería de la situación de penuria en estos lugares es innegable que esta actividad es el principal motor económico en estas comunidades y el citado fondo al menos debería apuntalar la mejora de las condiciones de vida. “La ausencia casi absoluta de avances en el combate a la pobreza, el subdesarrollo y la corrupción son advertencias de que la estrategia requiere una revisión”.
 
Ante el casi nulo beneficio por los recursos provenientes del Fondo Minero, la investigadora de la UAM señala que no se trata de entregar dinero sin control a la población sino investigar cómo ha funcionado, en qué se han invertido los recursos y verificar que se estén ejerciendo correctamente. “El propósito principal es que esos dineros lleguen adecuadamente a los beneficiarios y que se estén empleando para el bienestar común”.
 
En el texto refiere que en 2013 el Estado mexicano reformó la Ley Federal de Derechos para crear el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, conocido comúnmente como Fondo Minero con el propósito de generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano en los lugares donde se explotan estos recursos para revertir las condiciones de pobreza en estos municipios.
 
Sin embargo, debido a múltiples irregularidades, accidentes y desastres esta actividad se encuentra bajo el escrutinio público y en los lugares donde se lleva a cabo el proceso extractivo las comunidades rurales se debaten entre el apoyo por los beneficios recibidos por la inversión y trabajo por parte de las empresas y el rechazo por las consecuencias socioambientales tales como la apropiación ilegal y la destrucción territorial.
 
“Algunas de las constantes que acusan los principales municipios mineros son la pobreza, marginación y abandono institucional, a pesar de su histórica relación con esta actividad, las cuales son producto de la ausencia de mecanismos de redistribución, políticas de combate a las condiciones estructurales de pobreza y regulación de los sectores productivos que hacen uso intensivo del trabajo y de los bienes naturales”, concluye Azamar Alonso.