La erradicación de la corrupción en México depende de la participación de la sociedad y de la voluntad de la clase política para transitar hacia un país más igualitario y justo, advirtió el doctor Miguel Rodrigo González Ibarra, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Es necesario fortalecer el papel de las organizaciones no gubernamentales para combatir la corrupción por omisión y generar un motor colectivo para la cooperación, la vigilancia y la denuncia efectiva”, además de “trabajar en construir una ciudadanía autónoma y promover una cultura ética que incida en los asuntos públicos con efectividad”.

En la IV Jornada de ética pública, prevención de la corrupción y construcción de ciudadanía en México, realizada en el Senado de la República, expuso que no combatir la corrupción significa “apostar a una democracia incompleta” y si bien ha habido un avance importante en la agenda y la discusión nacionales, “se requiere transitar del matiz legal y normativo a la implementación”.

El académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM señaló que el país ocupa el tercer lugar entre las naciones más corruptas de América Latina, lo cual “obliga a hacer un examen serio y a conciencia”, sobre todo cuando en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) existe confusión.

El organismo debe considerarse como un complemento para afrontar las conductas deshonestas de los servidores públicos, “no es la panacea para atender todos los temas, urge mayor debate hacia lo público, pues sin participación ciudadana no hay SNA y continuaremos en una democracia fingida”.

Durante la ponencia Participación ciudadana y políticas públicas hacia la corrupción en México el especialista planteó que debe analizarse la relación entre la corrupción y la ética pública como campos de investigación emergentes y necesarios para generar una agenda de discusión activa y formal entre la comunidad política del país.

La lucha contra la corrupción requiere la incidencia y la participación efectiva de grupos autónomos, pues “lo que persiste es una relación clientelar con organizaciones políticas que en lugar de motivar la autonomía, la discusión y la eficiencia contribuyen a legitimar propuestas que no aportan a la discusión seria del sistema anticorrupción”.

La inclusión de la ciudadanía en el SNA tiene que ser intensa, pues aunque “hay un avance importante en la Ley, se carece de una agenda nacional y local de debate serio y activo”.

Por lo tanto, concluyó, hay que trascender los principios del sistema; generar mecanismos de pesos y contrapesos, y ejecutar las reglas en una forma clara, táctica y convincente mediante la apertura de espacios de corresponsabilidad, cooperación y vigilancia desde la sociedad civil.