En las últimas cuatro décadas, la Carta Magna ha sido objeto de numerosas modificaciones que no han arrojado beneficios, como en el caso de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, señaló el ex diputado y ex senador Pablo Gómez Álvarez.

Durante el Congreso de Derecho Electoral y Parlamentario, organizado por alumnos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el también colaborador de la revista Proceso dijo que esas instancias, originadas por una minoría parlamentaria, “jamás tuvieron efectos positivos” porque carecen de fuerza para hacer pesquisas, ya que su materia está limitada a organismos descentralizados del Estado y sus conclusiones deben ser presentadas al titular del Poder Ejecutivo.

Desde la primera comisión, creada en 1979, hasta la última de ellas, “todas han naufragado y sin consecuencias en su accionar”, igual que sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene la capacidad para recibir quejas e investigar sucesos que pudieran constituir violaciones graves a las garantías individuales, pero su papel está reducido a presentar recomendaciones no vinculantes.

La incorporación de las llamadas candidaturas independientes a puestos de elección popular ha sido un avance, pero más en el campo de los derechos ciudadanos que en la modificación del sistema político, pues tal opción ha cambiado muy poco la forma de operar de los partidos y las relaciones entre ellos.

La consulta popular fue un gran paso en la conquista de las prerrogativas políticas; sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un golpe a ese nuevo instrumento al negar la realización de un referéndum sobre la reforma energética.

“La Corte actuó en evidente desapego de la Constitución y en contra del ejercicio de un derecho, conspirando por tanto contra el sistema democrático”, lo que evidencia que México llegó tarde a la democracia electoral y requiere de un sistema participativo en el marco del respeto más amplio de la pluralidad del ejercicio de las libertades para construir una nueva ciudadanía.

Referéndum, plebiscito y revocación del mandato son instrumentos mediante los cuales se tiende a conformar nuevos sujetos sociales que asumen funciones legislativas y de dictamen político.

El autor de Los gastos secretos del presidente dijo que es necesario instaurar un mecanismo de declaración de inconstitucionalidad, así como de actos de omisión por la autoridad que sea accionado mediante demanda popular, pues hasta ahora dicho recurso ha sido “el amparo de los poderosos, es decir, de legisladores y gobernantes, pero no existe motivo válido para mantenerlo enclaustrado dentro de los pesados muros del poder establecido”, recalcó.

El maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que el ejercicio del voto es fundamental para la democracia, pero no agota la participación de la ciudadanía, debido a que “si aceptáramos que el accionar social está limitado a elegir a los gobernantes y a los representantes populares sería tanto como abrir un cheque en blanco para que los políticos hicieran lo que quisieran”.

El licenciado en derecho por la UAM reconoció la existencia de una percepción generalizada respecto de que las instituciones públicas no tienen credibilidad, pues de cada cien mexicanos 94 dicen no tener confianza en el comportamiento de los organismos públicos, en particular los partidos políticos y el gobierno.

De acuerdo con el informe sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el INE en 2015, 53 por ciento de la población está conforme con un esquema de organización democrática como el actual, pero 23 por ciento considera que debería haber una estructura distinta que podría ser incluso de tipo autoritario.

Baños Martínez expuso que los esquemas que se han establecido a través del Sistema Nacional de Transparencia ofrecen mecanismos para conocer el desempeño de las autoridades y “creo que es una de las partes más importantes que podrían ejercerse”.

En el INE “planteamos que debe haber un esquema de mayor involucramiento de la sociedad en los temas de la vida colectiva a partir de que existan mejores mecanismos de rendición de cuentas de los servidores públicos, espacios de discusión entre los funcionarios para que expliquen por qué determinan una política y no otra, e información lo más amplia posible al alcance” de los ciudadanos.