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Número 340
23 de junio de 2020

LAS SOCIEDADES, EN TRANSICIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL ACELERADA

POR EL COVID-19

*Debe garantizarse el acceso de todos a los medios digitales y a las nuevas tecnologías de la información
 
*En esta contingencia “estamos conociendo más los recursos virtuales”: Eduardo Peñalosa Castro
 

 

Las sociedades se encuentran en una transición tecnológica y cultural que la pandemia del coronavirus COVID-19 ha acelerado, y el marco jurídico afronta el reto de promover y garantizar el acceso a las herramientas de la información y la comunicación, señalaron participantes en el Conversatorio virtual Los medios digitales con perspectiva de derechos humanos: La visión de las instituciones operadoras.
 
El encuentro –organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C– el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo y presidente del CRAM, comentó que en la contingencia sanitaria “estamos conociendo más los instrumentos” en línea porque antes “no estábamos seguros de su impacto”.
 
En la Universidad, en particular a partir de la puesta en marcha del Proyecto Emergente de Educación Remota (PEER), muchos profesores de más de 60 años, que eran reticentes al uso de las plataformas, las están valorando, en el sentido de emplearlas.
 
La humanidad ha tenido tres momentos clave en el desarrollo del conocimiento: las invenciones de la escritura, hace cinco mil años, la imprenta, hace 500 años, y las tecnologías digitales, hace 50 años, que en realidad “hemos empezado a vivirlas” ahora, al grado de que “estamos en una transición tecnológica, cultural y de digitalización en la que es muy importante un acercamiento para adaptarnos a dicha evolución” y resulta urgente confiar en estos elementos.
 
El Rector General de la UAM destacó los esfuerzos en marcha por proteger a quienes están en condición de vulnerabilidad y de mejorar sistemas, entre ellos los anticorrupción, archivos, transparencia y otros que facilitan el ejercicio de los recursos técnicos, ya que es inaplazable un ingreso pleno a tales medios y que “esto se convierta en una política pública” que incida en la formación de la comunidad, pues sin la capacitación en este ámbito “estaremos relegados”.
 
En el terreno de la educación es prioritario aprovechar la inercia de estas modificaciones e instrumentar algunas en materia de aprendizaje profundo del alumnado, añadió.
 
La maestra Adriana Leticia Campuzano Gallegos, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., indicó que el derecho humano de acceso a la justicia a través de los ambientes digitales se ejerce, de acuerdo con la situación de cada persona en los contextos económico, geográfico y social, pero debe agregarse el escenario tecnológico, por lo que las posibilidades de entrada a éste hace efectivo el acercamiento a la equidad.
 
En las últimas décadas, los tribunales se han esforzado por incorporar herramientas digitales en su funcionamiento, sin embargo “han dejado de mirar a aquellos grupos poblacionales sin ingreso a recursos técnicos y han creído que por las inversiones en el rubro están haciendo lo necesario para acercar la probidad a los ciudadanos, cuando esto no es así”.
 
Además, los abogados y especialistas que participan en los procesos no se han modernizado y parecería que las tecnologías están entrando a todas las realidades y que transformarán en el corto plazo las opciones de prestar los servicios profesionales, con los espacios digitales como vías para hacerlo.
 
Esto es relevante, porque es inevitable ver cómo las relaciones humanas varían, la comunicación se lleva a cabo en otros términos y el conjunto de técnicas incide en los fenómenos jurídicos, al punto de que no se puede desconocer lo que pasa en el mundo ni las violaciones que pueden generarse en los derechos humanos.
 
El doctor Raúl Ávila Ortiz, quien participó en representación del doctor Felipe A. Fuentes Barrera, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseveró que crisis como la pandemia del COVID-19 “activan o detienen dinámicas previas” y, en ese sentido, es “afortunado que se haya acelerado la dinámica de la digitalización”.
 
En los aspectos político y electoral en el entorno virtual “es buena la adaptación en las instituciones, tanto por diseñadoras como por operadoras de la equidad en tribunales y con seguridad habrá más continuidad y consistencia en esta transición”, aunque en justicia electoral, el entorno electrónico avanza y el TEPJF, como el Poder Judicial Federal, “ha aprobado un acuerdo con el propósito de poner en marcha la figura del juicio en línea”.
 
Ávila Ortiz calificó de relevante el principio de progresividad de los derechos humanos, pero con seguridad, porque “de lo que se trata es de remover los obstáculos a la probidad, sin poner en riesgo los procesos judiciales y las garantías de los usuarios”.
 
La compensación en los grupos en desventaja es un deber, porque en la normalidad presencial se traslada al virtual, es decir, no elimina las barreras ni las brechas sociales como por arte de magia, sino que se reproducen y, por lo tanto, siempre es obligatorio un enfoque de derechos de las personas con menos prerrogativas para que se conviertan en usuarios efectivos de la tecnología.
 
Julia María del Carmen García González, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, sostuvo que el Estado debería dar atención integral al asunto de género y considerar, no sólo a las mujeres, sino también cómo se construyen las masculinidades a partir de convivencias corresponsables y más sanas.
 
La magistrada estimó determinante que muchos tribunales, a partir del catálogo de casos urgentes, detecten y adopten medidas concretas para atender los casos de violencia de género, visibilizados como prioritarios y en los que es indispensable la labor jurisdiccional.
 
Los desafíos para el derecho con el impulso digital son “descomunales, pero el futuro está ahí y tenemos la exigencia apabullante de su uso”, aun cuando la gran apuesta está en generar beneficios reales y mejores condiciones de vida –en un entorno global tan desigual– para asegurar el ingreso a Internet y a la información, lo que antes era impensable y ahora debiera ser “un motor de desarrollo en diversas comunidades”.
 
El derecho tiene que responder a esta realidad social que va a requerir ser jurídicamente tutelada, afirmó
 
Los recursos virtuales han servido de mucho al derecho a la información y la protección de datos personales, aunque se precisa de capacitación presencial y del aprovechamiento de los progresos técnicos para que la gente pueda entrar al INFO, sostuvo la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO-CDMX).
 
El Conversatorio, moderado por la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la UAM y magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA-CDMX), procuró un intercambio de puntos de vista y reflexiones sobre el aprovechamiento de los medios digitales y las tecnologías, considerando su aplicación desde distintas perspectivas asociada a educación, derechos humanos y políticos, equidad electoral e igualdad de género.