La concreción de un apagón analógico el 31 de diciembre, como sostienen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es un “sueño guajiro”, sobre todo porque no están resueltos varios eslabones de esa decisión, sostuvo el maestro Gabriel Sosa Plata, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La inversión de 26 mil millones de pesos en televisores digitales no cubre ni 80 por ciento del padrón de beneficiarios, al reducir la cifra inicial manejada por la Secretaría de Desarrollo Social de 12.6 a 9.4 millones de favorecidos, indicó en entrevista el académico del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco.

Cientos de estaciones complementarias, tanto de televisión abierta comercial como pública, no han iniciado el procedimiento de digitalización, por lo que llevar a cabo el apagón en la fecha prevista implicaría dejar a gran cantidad de hogares, los más marginados, sin señal de televisión.

El rezago más importante a ese tránsito se observa en las televisoras públicas, que dependen de los gobiernos estatales. Susana Solís, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas ha referido que de 39 sistemas de televisión pública, alrededor de 29 no han concluido sus sistemas de digitalización y en consecuencia habría millones de familias sin acceso al servicio.

Más allá de estos temas no resueltos sigue pendiente la garantía plena del derecho de acceso a las señales de televisión de una buena cantidad de mexicanos. Tal derecho constitucional ha sido tomado a la ligera y subestimado, al tratarse principalmente de familias de bajos recursos que viven en localidades alejadas.

Aunque el IFT, de acuerdo con la Ley, ha dicho que tomará las previsiones necesarias para que las familias no dejen de tener el servicio de televisión pública, la alternativa que se observa es postergar el apagón a esas televisoras; sin embargo habría que preguntarse si se estaría hablando de una transición a medias.

El maestro en Ciencias de la Comunicación sugirió que postergar unos cuatro meses el apagón sería lo más adecuado para garantizar mayor certeza a las televisoras y poder así consolidar la transición, evitando que los hogares se queden sin el servicio.

Esta sugerencia no está muy lejos de los estándares publicados en abril pasado por el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sugerir que no debiera hablarse de una fecha definitiva, pues debe existir un margen de maniobra con el fin de llegar a lo mejor para el país.

Son muchos los beneficios de este trance, entre ellos una mejora en la calidad de la imagen y del sonido, la amplitud en las opciones para los televidentes, quienes contarán con un mayor número de canales sin costo, además del acceso de la señal en lugares inaccesibles y remotos; sin embargo, es pertinente armonizar los criterios y la información, pues ha faltado transparencia en el proceso, indicó el académico.