Número 320
28 de junio de 2021
ADULTOS MAYORES SIGUEN SIENDO VULNERABLES EN MÉXICO Y ECUADOR
*Especialistas de ambos países conversaron sobre los desafíos actuales en materia de derechos humanos
*Falta garantizar el marco constitucional que consagra los derechos de ese sector de la población
En México y en Ecuador los adultos mayores viven en condiciones precarias y padecen de violaciones a sus derechos humanos, a pesar de que en ambos países existen leyes que defienden el goce pleno de sus derechos sociales, coincidieron especialistas en la conferencia Ecuador-México. Derechos y situación de los adultos mayores.
La doctora Mariana Moranchel Pocaterra, académica de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que aunque en México hace casi diez años se publicó una reforma constitucional que consagra los derechos para todas las personas de ese sector que se encuentren en el territorio nacional, todavía falta garantizar sus derechos.
“Los adultos mayores, en teoría, tienen los mismos derechos que las demás personas, de acuerdo con el marco constitucional, pero este grupo poblacional sigue siendo vulnerable por su condición de edad”.
Regulaciones internacionales como el Protocolo de San Salvador de 1988, suscrito y ratificado por México, en su artículo 17, plantea que todos los ciudadanos tienen la protección por su ancianidad y que los gobiernos se comprometen a mejorar la vida, establecer sistemas de protección social, acceso a la salud y ejecutar programas laborales para este sector poblacional.
La académica del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM reconoció que el texto constitucional de la Ciudad de México reconoce a este grupo el derecho a la identidad, a los servicios de salud especial, así como a una retribución no contributiva y a un sistema de atención que prevenga la violencia, discriminación y el abandono, aspectos que significan un gran avance.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México residen 15 millones 400 mil personas de 60 años y más, de las cuales un millón 700 mil viven solas y siete de cada diez sufren de alguna incapacidad o limitación.
La investigadora indicó que el adulto tiene la opción legítima a un trabajo digno, de acuerdo con el artículo quinto de la Constitución, así como a la protección de la Ley Federal del Trabajo para no ser excluido en las labores, en observancia a normas internacionales.
Así, “sería importante efectuar estudios interdisciplinarios profundos en nuestros países y un diagnóstico de este segmento poblacional que ha resultado afectado por la pandemia, pues el Estado tiene el reto de hacer efectivo el goce de sus derechos”.
En ese sentido, las universidades deben contribuir a través de la educación para que puedan gestarse los cambios que propicien el goce pleno de esos derechos, así como proponer políticas públicas para atender a los adultos mayores.
La psicóloga Elizabeth Jiménez Pesantez, integrante del Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos de Ecuador, señaló que en ese país habitan 1 millón 264 mil adultos mayores de 65 años –54 por ciento mujeres y 46 por ciento hombres–.
En la actualidad esa nación enfrenta una transición demográfica caracterizada por la reducción de la tasa de fertilidad, que era de 6.0 por ciento en 1970 y se redujo a 2.22 en 2020. Ahora, los adultos mayores representan casi 7% de la población pero hacia el año 2050 se prevé ascenderá a 25 por ciento.
El marco Constitucional de 2008 protege a este grupo etario y ubica al Estado como garante de sus derechos. En la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores se plantea la protección integral mediante un sistema nacional de información y atención, refirió.
“En la legislación ecuatoriana se reconocen los derechos específicos como la atención gratuita a la salud, a un trabajo remunerado, a la jubilación universal, a la vivienda digna, la atención en centros especializados de salud y la protección contra la violencia”.
78 por ciento de esta población no terminó la educación secundaria o nunca acudió a la escuela; solo 9 por ciento ha recibido educación superior y 10 por ciento tiene la secundaria completa. El ingreso promedio laboral es de 279 dólares en personas de 70 a 73 años y de 144 dólares para aquellos de más de 80 años.
“En Ecuador y México tenemos una realidad similar respecto a este grupo, el marco legal es parecido, pero hace falta la implementación de esos derechos. Ante ello, es preciso ver al adulto mayor como sujeto de derechos, y ese cambio debe tener su origen en la educación”.
Para Gabriela Trujillo Romero, estudiante del Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos de Ecuador, los jóvenes deben conocer los derechos de las personas mayores y demandar su exigibilidad.
“Debemos tener en cuenta que vivimos en un espacio común y que las personas mayores también tienen derecho la vida, a la educación, al esparcimiento, al deporte y a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes”.
Luis Sarmina del Monte, estudiante de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, señaló de acuerdo con las leyes mexicanas todas las personas deben gozar de los mismos derechos, pero en la realidad hay sectores que padecen discriminación, como los adultos mayores y la comunidad LGTB.
En México el gobierno apoya con 2 mil 500 pesos mensuales a las personas de 68 años o más, pero esa cantidad es insuficiente porque de acuerdo con la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (EIGH) para satisfacer las necesidades básicas de una persona se requieren al menos 2 mil 722 pesos.
El ciclo de conversatorios Retos actuales de los Derechos Humanos fue convocado por la Casa abierta al tiempo y el Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos de Ecuador.
