Desde hace décadas, en especial a partir de 1980, la regulación de los derechos de uso y de asignación del agua en México ha registrado serias deficiencias –no obstante la existencia de un marco legal claro– debido a que han privado la corrupción y la falta de verificación para preservar la sustentabilidad del recurso, afirma la doctora Delia Montero Contreras, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Un sano equilibro entre la extracción y la recarga del líquido resulta vital, pero debido a la sobreexplotación, gran número de mexicanos ha quedado al margen del suministro, a pesar de que se trata de una garantía fundamental, y un caso revelador de las irregularidades es el de la cervecera estadounidense Constellation Brands en Mexicali, con sede en Baja California, a la que después de una batalla legal prolongada con organizaciones civiles, se anuló la concesión que le había sido  otorgada, ya que ponía en riesgo el abasto del bien, en una zona con disponibilidad limitada.
 
La especialista del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa advierte sobre inconsistencias en materia de propiedad con las denominadas empresas piperas que distribuyen en la Ciudad de México, ya que muchas operan en la clandestinidad e incluso llenan sus tanques en tomas destinadas al consumo domiciliario y no a la venta masiva.
 
En el ensayo Los derechos de propiedad del agua ¿Su deliberado incumplimiento en México? expuso que desde el periodo de gobierno 1988-1994 se observó un incremento en la transferencia de concesiones a grandes firmas, a la par de una disminución del presupuesto y el personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en una situación que afectó el monitoreo de las operaciones y la actualización de las multas por incumplimiento de la Ley.
 
Los regímenes subsecuentes apostaron también al libre mercado, tanto aquellos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) como los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que incrementaron las, licencias, con pocas verificaciones y cuando se detectaba algo fuera de la norma se hacían arreglos corruptos, lo cual “ha sido una práctica muy común en todos los niveles” de gestión”.
 
La situación es incluso más difícil ahora, con una administración sin formación técnica para realizar la regulación que se requiere y por la corrupción, ya que esta práctica nociva no desaparece por decreto o con los términos de austeridad planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
 
La cesión de la propiedad a los sectores público, privado o social requiere de un seguimiento, un control de la extracción y, en su caso, la aplicación de sanciones, lo cual implica invertir en nuevas tecnologías y capacitación con el propósito de que el agua sea bien sustentable; la definición clara de ese concepto constituye una ventaja, pues estipula con reglas precisas el traspaso de las obligaciones para la producción, por parte de compañías; la distribución, por organismos operadores, o el uso común, por sectores agrarios.
 
La especialista subraya que el agua que se encuentra en todo el país, en fuentes subterráneas o superficiales, pertenece a la nación y sólo las autoridades federales –a través de la Conagua– tienen la facultad de entregarla a través de autorizaciones oficiales que especifican los metros cúbicos permitidos para sustraer y el tiempo de la concesión, lo que significa que el Estado es responsable único de establecer el sistema que define y pone en marcha estos mecanismos.
 
Sin embargo, malas asignaciones; falta de seguimiento; centralización en el otorgamiento; desapego a las normas; verificación laxa y corrupción son aspectos centrales que debe atender con urgencia el gobierno federal, concluye Montero Contreras.