El primero de julio de 2018 los ciudadanos no dudaron en dar su respaldo a Andrés Manuel López Obrador y Morena para ganar la presidencia de México, en una acción que envió un mensaje: que los bienes públicos estén al servicio de las mayorías, afirmó el doctor Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
En la conferencia El liberalismo antidemocrático a revisión: el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, el académico del Departamento de Sociología señaló que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se muestra contrario a las privatizaciones y pone la mira en la justicia social, lo que atrajo por mucho la atención de los votantes. 
 
El cambio propuesto por el Jefe del Ejecutivo conlleva la posibilidad de construir un piso común de igualdad y mayor bienestar social, así como la garantía de los derechos y las libertades de las personas y de las minorías, en el marco de un desarrollo económico competitivo, sostenido y sustentable. 
 
La mayoría de gobiernos en el mundo es blanco de una diversidad de demandas –muchas de ellas emanadas del fenómeno globalizador– y trata de establecer políticas acordes a esas demandas, ya que son factores internos los que principalmente frenan las posibilidades de un buen desempeño económico.
 
En ese contacto, uno de los atractivos de López Obrador, primer presidente mayoritario desde que hay alternancia en México, fue su rechazo a la élite que ha controlado el poder político y los recursos públicos, dijo en elXIV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.
 
Hay razones para sostener que el triunfo contundente de Morena es, en gran medida, resultado de reformas y políticas gubernamentales que en la práctica eludieron la protección de los derechos sociales y civiles, ante lo cual el liberalismo antidemocrático que se impuso entre los gobernantes y en la Constitución, en contraposición a la decisión de la mayoría de los ciudadanos, fue rechazado en las elecciones de 2018.  
 
La búsqueda de la paz social y el progreso económico forman parte de las tareas de este gobierno, en el marco de la democratización que supone instituciones fuertes como medio para asegurar la participación plural y evitar que un grupo privilegiado siga imponiendo su orientación y sea el único que puede decidir. 
 
También le corresponde proteger la libertad individual, fortalecer el mercado interno, ampliar los tratados comerciales y apoyar la prensa independiente y a las organizaciones sociales. Al mismo tiempo debe impulsar avances en calidad de vida, salud, consumo, macroeconomía y otros indicadores objetivos a atender.
 
Más complicado es combatir la corrupción y la impunidad que borraron la frontera entre el crimen y la política, ya que “creyendo que las privatizaciones resolverían todos los problemas, los gobiernos anteriores no se ocuparon en afianzar un verdadero Estado de Derecho y la estructura centralizada de poder, a su vez, no se modificó en la época de presidentes minoritarios, de 2000 a 2018, cuando había las condiciones para hacerlo”.
 
En términos generales, la movilización social se ha desmarcado de los partidos políticos y hay un rechazo a los partidos tradicionales, así como un reclamo a los gobiernos que, dicen, no los representa, añadió Espinoza Toledo en la Universidad de Salamanca. 
 
Una tarea pendiente es la promoción de una política de libre mercado, con sentido social dentro de la globalización y de medidas para la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías.

En un país en el que más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza, el programa consiste en impulsar la justicia social, la igualdad y las libertades, en condiciones de creciente democratización y vigencia del Estado de derecho, buscando reducir las profundas desigualdades sociales; por eso para garantizar la convivencia pacífica son necesarias nuevas políticas.