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Número 296
27 de mayo de 2020

ANTE LA CRISIS, EL GOBIERNO MEXICANO DEBE PLANTEAR

UN PROYECTO NUEVO DE NACIÓN

*Podría haber dos millones de desempleados hacia finales de 2020, advierte investigadora de la UAM 

 

El gobierno de México debe tomar una decisión disruptiva: transformar el país y avanzar hacia un proyecto nuevo de nación para enfrentar la severa crisis económica detonada por la pandemia del coronavirus, señaló la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Además de brindar seguridad social debiera plantear cómo podrá modificar los elementos en torno a la ocupación, ya que “no sólo se trata de discutir si habrá o no desempleo, sino de determinar cómo vamos a manejar este entorno, que pudiera representar una oportunidad única para el Estado” si se frenaran algunos megaproyectos y modificara el esquema hacia un escenario de fomento de ciertos núcleos tecnológicos.
 
En Guanajuato, Monterrey y Guadalajara, inversionistas especializados han mostrado interés en promover una rápida transición energética que deje atrás el petróleo para que sean las comunidades las que reciban los beneficios, apuntó al participar en el Programa Semana Virtual de seguridad social CISS. COVID, herramientas políticas para la resiliencia. Conversatorio. Economía y mundo del trabajo.
 
Un ejemplo de esto es México COVID-19, una plataforma de comunicación y fortalecimiento de colectividades colaborativas que fomenta cadenas comerciales productivas en grupos poco conectados, brindando una ayuda desde una visión humanista para el refuerzo local.
 
A diferencia del resto de América Latina, el país se encuentra en un escenario de política inadecuada para el rescate de los estratos más vulnerables en términos de cobertura y respuesta, además de que “los programas de gasto social implementados no están diseñados para afrontar la crisis actual y la que se avecina”, ante lo cual es importante, tanto buscar tratados comerciales que permitan derogar mecanismos laborales que afectan a campesinos, como limitar incentivos excesivos de Estados Unidos y Canadá a su gente en el campo, provocando una competencia desleal no regulada, antes en el TLCAN y ahora en el T-MEC”, puntualizó Azamar Alonso.
 
También debe abrirse un diálogo que integre a los sectores informales y rurales a este modelo político, pero sobre todo a los más vulnerables, pues ahora mismo se requiere fomentar el empleo con la creación de proyectos acoplados a la realidad nacional, en virtud de que el fenómeno “que vamos a tener en el futuro, de acuerdo con entes públicos y privados, podría tocar a dos millones de individuos hacia finales de año o tal vez más, ante lo cual es indispensable un seguro de desempleo”.
 
En marzo y abril de este año, 350 mil mexicanos solicitaron este apoyo debido al cierre de fuentes de trabajo por el COVID-19, lo cual agrava aun más la situación de la actividad informal, subrayó la investigadora del Departamento de Producción Económica.
 
Los rubros más impactados por el coronavirus han sido el informal, sin olvidar al campesino e indígena, que ocupan cerca de 56 por ciento de la Población Económica Activa (PEA) y comprenden a 31 millones de hombres y mujeres, de los cuales cerca de 80 por ciento se encuentra en servicios, comercio y agropecuario y que, en conjunto, “genera por lo menos 22 de cada cien pesos que se gastan en México, es decir, aporta a las finanzas, con un efecto positivo al disminuir la propensión a la delincuencia”.
 
Un problema que está sucediendo en la región es que ese segmento ha sido “invisibilizado y lo mismo ocurre con los agricultores, que no tienen apoyo ni garantía, aun cuando dependemos de ellos para disponer de alimentos frescos”. Es el mismo caso de las mujeres, uno de los grupos más perjudicados por los abusos en el ámbito laboral y por la delincuencia, por lo cual es necesario y primordial exigir al Estado un plan de coordinación local y nacional para apoyarlas.
 
El maestro Ricardo Herrera, coordinador del Proyecto Internacional de Protección Social en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) México-Cuba, destacó la condición financiera poco favorable que registraba, no sólo México, sino el mundo entero, previo a la pandemia del coronavirus.
 
El COVID-19 ha propiciado cierre de establecimientos; reducción de horas laborables; subocupación, y caída de salarios en los espacios informales; con el diseño de cuatro pilares, la OIT busca clasificar las operaciones de las naciones para atender la emergencia.
 
México ha aplicado una guía de acción; reforzado las medidas sanitarias y existen operativos especiales con el fin de identificar las empresas que no están cerrando, han reducido su plantilla o recortado salarios.
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció, por lo menos para el personal de salud, que el COVID-19 está en primera línea como una enfermedad de trabajo, dijo el maestro Herrera, en la sesión cuatro del programa virtual, moderado por el doctor Hugo García Marín, jefe de Especialistas del Consejo Interamericano de Seguridad Social.