El mercado del suelo en la Ciudad de México debe ser intervenido debido a que la capital está ante “un proceso de especulación inmobiliaria” que impide el acceso a mucha gente de manera formal, señaló el maestro Roberto Eibenschutz Hartman.

El Profesor Distinguido y vicepresidente del Patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que por el encarecimiento del sector la población de escasos ingresos tiene como únicas salidas establecerse en zonas habitaciones no funcionales muy alejadas de la ciudad o de muy alto riesgo.

“La gente no tiene otra opción, no puede comprar en áreas adecuadas porque el mercado inmobiliario le impide pagarlo” y “es absurdo seguir aceptando el modelo de conjuntos habitacionales a 20 o 30 kilómetros de distancia de la ciudad, donde sólo hay viviendas que no tienen equipamiento y la gente emplea más de dos horas para trasladarse a sus fuentes de trabajo”.

Ante esta problemática se requiere que “el gobierno intervenga en el mercado para controlar el valor”.

El profesor-investigador participó en el Seminario nacional: La planeación del desarrollo urbano y regional en México. A cuatro décadas de la Ley General de Asentamientos Humanos, con sede en la Cámara de Diputados, donde afirmó que en materia de desarrollo urbano y regional, la ausencia de una visión integral sólo multiplica los errores.

Las contradicciones son abismales cuando se habla de desarrollo regional y ordenamiento territorial, pues pareciera que se tratara de dimensiones distintas ya que no se define si son cuestiones de carácter económico o territorial ni son establecidos límites claros entre unos y otros”.

El arquitecto y maestro en urbanismo comentó que en ese mundo de situaciones contradictorias “se habla de democracia, equidad, acceso a servicios y apoyos, pero en la práctica las decisiones van en contra de lo que se externa en declaraciones públicas”.

Si por un lado se reconoce que el Valle de México tiene carencias de agua y presenta contaminación severa que implique la implementación de programas emergentes para limitar el uso de automóviles, al mismo tiempo se celebra la construcción del nuevo aeropuerto. “Es evidente que las cosas se hacen al revés”.

En el panel: Iniciativas de reforma del marco jurídico en materia de planeación urbana, metropolitana, regional y territorial aseveró que las limitaciones de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 parten desde la misma administración pública, que percibe el fenómeno urbano con una visión sectorial, sin reconocer que abarca todas las actividades humanas que debieran ser abordadas desde una óptica horizontal, con el fin de que interactúen de manera integral los sectores con una convicción territorial.

El arquitecto Eibenschutz Hartman dijo que la sectorización administrativa genera una gama amplia de conflictos y una comprensión escasa del fenómeno debido a que relega los aspectos territoriales y la atención de problemas de agua, transporte y vivienda, entre otros, a soluciones aisladas, por separado y sin reconocer que están interconectados, determinándose unos a otros.

El doctor Alfonso Iracheta Cenecorta, investigador de El Colegio Mexiquense, expuso que una buena legislación permitiría generar, desde la sociedad y algunos espacios gubernamentales, acciones que permitan afrontar las contradicciones en los niveles social y espacial que vive México.

No obstante lamentó que durante el periodo de casi tres legislaturas no se haya promulgado una nueva Ley General de Asentamiento Humanos y mientras tanto las urbes continúan creciendo sin una visión integradora.

El arquitecto, doctor en estudios regionales y especializado en desarrollo regional, administración metropolitana y medio ambiente y desarrollo dijo que se necesita un nuevo marco jurídico que incluya la política del suelo, “el recurso fundamental para el ordenamiento y el desarrollo de las ciudades”. Al no existir en la Ley, los mercados legal e ilegal determinan usos, infraestructura y funciones urbanas, no el Estado.

En el panel participó también el doctor Hugo Alejandro Concha Cantú, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.