Aunque el proceso de elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (CDMX) es “tramposo y mentiroso”, también ofrece la oportunidad histórica de dotar a la capital del país de una Constitución progresista que requiere la participación ciudadana para hacer frente y contrapeso a los grupos que controlan la política nacional, sostuvo el maestro Bernardo Bátiz Vázquez.

Al resaltar que la Carta Magna local es resultado de “una compensación y un premio de consolación para Miguel Ángel Mancera”, jefe de gobierno, como resultado del llamado Pacto por México, consideró difícil que pueda construirse una Constitución ideal.

El candidato por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Asamblea Constituyente resaltó que “40 de los diputados que formará parte del constituyente no responderá a la soberanía popular, sino a la designación de grupos de poder: el presidente, el jefe de gobierno, senadores y diputados”.

Pero los otros 60 serán electos por sufragio “y ahí vamos a estar, procurando una mayoría suficientemente amplia para hacer un contrapeso a quienes controlan la política del país”.

En el Encuentro universitario sobre la Constitución de la Ciudad de México, convocado por el Programa Editorial de la Revista Alegatos del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, aseguró que el poder público teme al voto de los ciudadanos de la metrópoli por ser el más informado, independiente, consciente de sus derechos, que hace valer, porque “aquí es donde hay verdaderamente una expresión política”.

La lucha por que la Ciudad de México sea una entidad federativa y sus habitantes gocen de derechos plenos, tanto cívicos como políticos, data de varias décadas.

El jurista, abogado, político y especialista en derecho constitucional y parlamentario señaló que es necesario tener presencia en el constituyente para mantener la esperanza de que el cambio sea por el camino pacífico de las elecciones, el razonamiento y el debate.

La propuesta es construir un Poder Legislativo como contrapeso del Ejecutivo, es decir, “edificar un Congreso cuyo poder sea equilibrador del Ejecutivo”, con el fin de que no actúe como su corte.

El licenciado Miguel Pérez López, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, expresó que se perdió la oportunidad de aplicar una reforma constitucional para un régimen democrático capitalino.

Así lo demuestra la imposición de la asignación de 40 diputados, lo que “resulta una vergüenza para nuestra historia constitucional, puesto que en los regímenes federales de 1824, 1847, 1857 y 1917 siempre hubo una elección para conformar los congresos constituyentes”.

Los 60 diputados de representación proporcional que conformarán la otra parte de la Asamblea violentan el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público emana del pueblo y se constituye para beneficio de éste.

Los responsables de elaborar la reforma y sobre todo el artículo séptimo transitorio del decreto de reforma publicados el 29 de enero último, no tomaron en cuenta la radiografía de las pasadas elecciones que mostraron el estado de las fuerzas políticas y las relaciones de poder.

“Ahora todos los partidos entran a la tómbola de 60 diputaciones por el principio de representación proporcional y no por el de mayoría relativa, que sería la forma más democrática para conformar la Asamblea Constituyente”.

El ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien participa como candidato de Morena al constituyen de la Ciudad de México, propuso ofrecer planteamientos de vanguardia para una Constitución moderna y ejemplar.

“Acepté ser candidato de Morena para buscar espacios de libertad que queden consagrados en la ley que nos rija: libertad de expresión, manifestación, credo, preferencia sexual, entretenimiento y política cultural y social”.

El ingeniero mecánico electricista con una trayectoria amplia en el sector público manifestó que desea una Constitución de derechos y garantías individuales y colectivos sólidos que permita una sociedad menos dispar e injusta.

En ésta deberá garantizarse el derecho a la educación pública gratuita y laica, la alimentación, la vivienda, los servicios de salud, el medio ambiente sano, la justicia, el agua, la energía, las comunicaciones, la cultura, la seguridad, en suma, a la vida democrática y la probidad de los funcionarios.

Y “para evitar que la Constitución de la Ciudad de México sea una ley tramposa, manipulable, discrecional y, por tanto, injusta y nociva, como sucedió con las leyes y reglamentos que nos impusieron para establecer las reformas estructurales”, sostuvo Jiménez Espriú.

A la actividad asistieron también el doctor Óscar Lozano Carrillo, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; el licenciado Gilberto Mendoza Martínez, jefe del Departamento de Derecho, y el profesor Javier Huerta Jurado, director del Programa Editorial Alegatos.