La minería a cielo abierto en México ha causado una severa degradación de la naturaleza, además de trastocar el entramado social y la convivencia en las comunidades originarias dueñas del territorio donde se extraen los minerales, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Durante la presentación de su libro, Minería en América Latina y México, problemas y consecuencias, advirtió que esta rama de la industria utiliza el agua y la madera, entre otros recursos naturales, además de contaminar ríos y mantos acuíferos.
 
Para la investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco dicha actividad se fortalece gracias a la miseria y no ha sido casualidad que se desarrolle donde la pobreza y la marginación son una constante, justificándose en una legislación que promueve el acaparamiento económico y el despojo antes que el bienestar social.
 
La Ley Minera del país permite otorgar concesiones por 50 años y renovarlas por medio siglo más, mediante permisos que pueden transferirse de una empresa a otra, al margen del Estado.
 
En la Casa Rafael Galván de la UAM, en el Encuentro de Pensamiento y Praxis: El derecho en la reconfiguración del capital, el doctor Carlos Rodríguez Wallenius, también profesor de la Unidad Xochimilco, comentó que la obra aborda una visión crítica sobre la minería en México y América Latina, al establecer que existen mecanismos recurrentes para permitir la expoliación y al despojo de los recursos naturales.
 
A lo largo del texto se observa que pueblos y comunidades de México están en resistencia contra los saqueos, lo que ha resultado en una construcción histórica que comparten varias naciones de la región.
 
“La doctora Azamar trae a la discusión los procesos de explotación minera en el hemisferio en pleno siglo XXI” y analiza los mecanismos legales establecidos para facilitar a grandes capitales el aprovechamiento de los recursos mineros.
 
Aun conociendo los riesgos de esta práctica intensiva, se fomenta y protege, a pesar del escaso beneficio que aporta al desarrollo económico, sentenció la investigadora en economía internacional y desarrollo.
 
Desde la década de 1970, en Chile, luego del golpe militar de Augusto Pinochet, se iniciaron cambios a las leyes y códigos mineros para promover y facilitar la inversión extranjera en esta rama; las reformas se fueron generalizando hasta llegar a la normatividad que rige en ese país, la cual es coincidente en México, Perú, Argentina, Brasil e incluso en parte de América central.
 
En el libro, publicado por la UAM, se analizan las similitudes de los códigos mineros de los países de América Latina en el contexto de las políticas dictadas por el Consenso de Washington, que coadyuvaron a la actividad en esa rama y modificaciones a las leyes laborales que propiciaron la instalación de compañías del sector en la región.
 
Azamar Alonso explicó que de los más de mil proyectos mineros en México 65 por ciento de la inversión es de capital canadiense, así como que estas corporaciones contribuyen sólo con el 0.35 por ciento de los impuestos que recibe el gobierno. A nivel nacional, la minería genera escasamente 300 mil empleos, con lo que el argumento de que crea una gran cantidad de puestos de trabajo es un engaño.
 
La doctora Azamar Alonso contrasta lo que ha hecho la Unión Europea en la cuestión minera respecto de los países que integran el Tratado de Libre Comercio (TLC). En Europa se formó una vinculación económica con base en el acuerdo del carbón y se intenta crecer mediante ella. Como sus normas ambientales son más rigurosas estas naciones extraen los recursos minerales de países de América Latina y África, con lo que se libran de pagar los costos ambientales en sus territorios. En tanto, en Norteamérica los riesgos sociales y al entorno se han concentrado en México.
 
La autora destaca que con el Pacto por México, acordado entre los principales partidos políticos al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, se flexibilizaron las normas para facilitar la inversión privada –tanto nacional como foránea–, lo que ha ocasionado una mayor extracción en el país predominantemente de corporativos extranjeros al no existir ya el impedimento que antes protegía que al menos 51 por ciento de la inversión tenía que ser de origen nacional.
 
La doctora Azamar Alonso estudia los impactos ambiental y social de la minería en los estados de Zacatecas y Baja California Sur, en áreas naturales protegidas y una reserva de la biosfera. “La minería se desarrolla, principalmente, en zonas alejadas de la capital del país, lo que facilita y da lugar a situaciones de abuso contra las comunidades que han sido marginadas desde hace muchos años, como los pueblos indígenas”, concluyó.