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Número 152
11 de abril de 2016

DEBE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PLASMAR EL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

*Este derecho debería estar protegido por la reserva de ley que describa la salvaguarda de la buena administración pública

 

*Garantizaría el empoderamiento de los ciudadanos frente a las autoridades


 

Los derechos a una buena administración pública y a la justicia deberán quedar plasmados en la Carta Magna de la Ciudad de México, pues de lo contrario quedaría en “letra muerta”, coincidieron en señalar los participantes en el Seminario: La Universidad Autónoma Metropolitana, de cara a la Constitución de la Ciudad de México, organizado por investigadores de esta casa de estudios.

 

Durante la Mesa: Derecho a la participación y estructura de gobierno, el doctor Jorge Javier Romero Vadillo dijo que el proceso de establecer una Constitución en la capital inició con un déficit de legitimidad y “me parece muy grave en la historia del país” que el constituyente haya sido nombrado “al estilo Pinochet”.

 

Esto debido a que 40 por ciento de los diputados no será elegido por aquellos ciudadanos que van a ser regidos por dicha Carta Magna, sino designado por el Ejecutivo y las cámaras de senadores y de diputados.

 

“Ese precedente debilita enormemente el papel que jugará el texto constitucional en la vida de los mexicanos”, advirtió, pero ante lo que es ya “un hecho consumado”, en el eje central de la discusión tendría que estar el derecho a una buena administración.

 

“Ese es el primer derecho que deberíamos reclamar los habitantes de la Ciudad de México”, consideró el académico del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco.

 

Cuando se tiene una administración pública de clientelas, el horizonte temporal de la racionalidad administrativa es de corto plazo y sirve a los intereses de quien favorece el acceso a un puesto; este es uno de los elementos que más deforman el ejercicio de gobierno y por ello la nueva Constitución debiera tener este factor en el centro.

 

“Sin el derecho a una administración pública profesional con un sistema de ingreso, promoción y permanencia basado en el mérito y el desempeño –y no en la lealtad y la disciplina política– la Constitución va a quedar como una declaración vacía”, aseveró.

 

El doctor Mauricio Merino afirmó que el derecho a una buena administración incluye los principios de acceso pleno a la información que se produce en cada una de las decisiones, acuerdos y acciones de la administración pública, así como de garantía del debido proceso administrativo, entendido como el que debe seguirse para justificar una decisión, comenzando con la planeación y la asignación de recursos, hasta lograr los resultados que se esperan del ejercicio de éstos.

 

“Esto no existe en México, no está en nuestra cultura ni en nuestras leyes y por ello los tribunales no lo pueden juzgar”, por lo tanto este derecho tendría que estar protegido por la reserva de ley en la que se describa en qué consiste la salvaguarda de la buena administración pública”, precisó el miembro de la comisión redactora de la nueva Constitución.

 

Lo anterior permitiría que las decisiones adoptadas por cualquier entidad del gobierno sin que estuvieran debidamente justificadas o aprobadas en los presupuestos o no articuladas desde la planeación puedan ser impugnables ante el Tribunal de justicia administrativa, cuyas facultades tendrían que ser ampliadas por la Constitución.

 

“Ojalá podamos hacer existir este derecho en la Ciudad de México porque eso sí garantizaría el empoderamiento de los ciudadanos frente a las autoridades”, apuntó.

 

El doctor Jorge Fernández Souza, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, indicó que si el derecho a la buena administración se conoce poco “se sabe aún menos del derecho a una buena administración de justicia”.

En la Ciudad de México y en todo el país, continuó, la Carta Magna debiera considerar la centralidad de los derechos humanos y la democracia participativa como aspiración fundamental. Hay “una carencia en cuanto a la confiabilidad y seguridad de los tribunales, por lo que una Constitución que no cambie el sistema de administración de justicia tendrá un hueco enorme”.

 

El doctor Manuel Canto Chac, investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, indicó que en la ciudad la relación entre el gobierno y la sociedad, la estructura productiva e incluso el desarrollo social “ya no son sostenibles” y por ello son necesarios cambios profundos a considerar en la redacción del texto constitucional.

 

La nueva ley no podrá cambiar nada si no tiene lugar un proceso de transformación de la relación entre los ciudadanos y su gobierno.

 

Esto plantea una serie de desafíos, entre ellos garantizar que no habrá retrocesos respecto de los derechos y alcanzar un texto innovador, en un contexto donde diferentes sectores sociales señalan la necesidad de una nueva constitución o por lo menos una revisión a fondo de la federal en la que el constituyente de la ciudad tendría una aportación importante.

 

Canto Chac subrayó que todo proceso constituyente del siglo XXI tiene que asumir el reto de dar término a la era de la democracia en la que las elites monopolizan las decisiones; es necesario acabar con la prerrogativa de los partidos políticos para el acceso al poder y la elaboración de leyes, y reivindicar la soberanía popular a través de las figuras del plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y la consulta ciudadana, entre otras formas de democracia directa.

 

Además se requiere terminar con la exclusividad del Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración de políticas públicas y con el predominio de la información que circula en los ámbitos gubernamentales.

 

Es necesario ampliar el escrutinio público al desempeño del gobierno que no deberá limitarse al uso de los recursos públicos sino extenderse a los mecanismos de planificación, transparencia en la ejecución de acciones y evaluación de resultados, puntualizó.

 

Canto Chac propuso que la Constitución establezca la creación de tres organismos independientes ciudadanizados con participación no directiva del gobierno: de participación con el Ejecutivo en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo; de vigilancia de la transparencia en las acciones y el desempeño de los funcionarios, y de evaluación de las políticas en los ámbitos económico, urbano, de seguridad y medio ambiente.

 

El Seminario: La UAM, de cara a la Constitución de la Ciudad de México fue inaugurado por el doctor Salvador Vega y León, rector general de esta casa de estudios, y continuará mañana con las mesas de Derechos humanos, Derecho a la ciudad y desarrollo urbano, y Derechos culturales, a partir de las 9:00 horas en el Auditorio Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo.