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Número 139
22 de marzo de 2017

PARA ALCANZAR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA, LOS PAÍSES DEBEN CUESTIONAR SUS ESQUEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*Las naciones con mayor desigualdad económica registran crisis de derechos civiles y políticos con mayor frecuencia

 

*Hay Estados que garantizan los derechos ciudadanos, mientras en muchos otros ese es apenas un sueño


 

 

En medio de la profunda crisis humanitaria global, la sociología de los derechos analiza los casos en los que los Estados y sus aparatos de gobierno cumplen su papel de garantes de los derechos civiles y políticos, así como aquellos en los que eso parece un anhelo inalcanzable, señaló el doctor Ignacio Aymerich Ojea, catedrático de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, España.

 

En el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor en derecho sostuvo que más allá de los discursos, los países deben cuestionar sus esquemas de administración pública si su interés está enfocado en ejecutar modelos de igualdad y justicia, mediante mecanismos que garanticen el bien común, considerando la diversidad étnica, poblacional, religiosa, así como el pasado colonial, entre otros elementos.

 

Al dictar la conferencia magistral Sociología de los Derechos Humanos, el investigador del Instituto de Gobernanza Democrática de San Sebastián, España, afirmó que de acuerdo con la idea original de un sistema universal de normas que apliquen para todo ser humano, los derechos no existen, pues mientras hay países que los garantizan a su ciudadanía existen cientos de lugares donde ese anhelo es apenas un sueño.

 

Investigaciones que analizaron países con diversas escalas de desigualdad social durante periodos históricos y en los que ocurrieron además golpes de Estado, genocidios y persecuciones concluyeron que aquellos con mayor desigualdad económica son los que con más frecuencia registran crisis de derechos civiles y políticos.

 

En la globalización las guerras y el comercio agudizan las diferencias económico-sociales como un cultivo de violación a derechos humanos, que ha llevado a Europa y diferentes partes del mundo a enfrentar una crisis de refugiados, cuyos países responsables se rehúsan a otorgar asilo a millones de desplazados por los conflictos bélicos.

 

Esto es evidente en las raíces culturales, ya que en algunas naciones impiden que las mujeres accedan a cargos públicos o les es negada la educación superior, históricamente la desigualdad nunca fue objeto de estudio, sólo tras una génesis social profunda de exigencia de derechos básicos se hizo indispensable analizar estas diferencias.

 

El doctor Leoncio Lara Sáenz, miembro titular del Comité de Transparencia de la UAM, refirió que del binomio formado entre Sociología y Derecho, la primera es una ciencia que apuntala los fenómenos y problemas de carácter social, mientras el segundo persigue la norma y ordenamiento social como teoría y práctica, cuyo propósito es una concepción general de lo justo, lo seguro, lo equitativo y la paz pública.

 

El Doctor Honoris Causa por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, dijo que el centro de gravedad del derecho no reside en la legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia, sino en la solución de los problemas sociales, de ahí su vínculo estrecho con la Sociología.

 

Los fenómenos sociales se cruzan con los problemas nacionales, agregando dos dimensiones: el nivel de las normas en el tiempo y el de las normas en el espacio, “donde la moral, y los ideales de justicia y equidad se engullen en un mismo sistema envuelto en conflictos”.

 

Los especialistas concluyeron que vale la pena cuestionar si los sistemas actuales ofrecen un camino de mejora a la crisis de derechos humanos o sus cortas soluciones proveen crisis periódicas de mejora y decadencia.

 

En el acto, inaugurado por el doctor Salvador Vega y León, rector general de la Casa abierta al tiempo, también participaron la maestra Luisa Leticia González Flores, asesora de la Rectoría General de la UAM, los doctores Francisco Javier Conde González, director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Bernardo Méndez Lugo, consejero del Servicio Exterior Mexicano.