Imprimir
Número 132
17 de marzo de 2017

LA JUSTICIA INDÍGENA, AÚN LEJOS DE ALCANZARSE, AFIRMA INVESTIGADOR

*Será realidad sólo si se cumplen las principales reivindicaciones históricas

 

*El libro Justicia indígena y autodeterminación aborda aspectos ausentes en la legislación en esa materia

 

La justicia para los pueblos autóctonos en México será realidad sólo si se cumplen sus principales reivindicaciones históricas, entre ellas el reconocimiento a los grupos originarios como sujetos sociales, la autodeterminación para el debido manejo de los recursos naturales y la autonomía de los sistemas normativos, sostuvo el doctor Carlos Humberto Durand Alcántara, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

El coordinador de las maestrías en Derecho, de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y en Derecho Indígena, del Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF), Chiapas, recordó que hay 1,800 comunidades que no disponen de documentación jurídica, por lo que padecen afectaciones y expropiaciones agrarias “por ser de los más pobres y carecer de asesores legales”.

 

Si bien se han dado progresos importantes, aún se está lejos de alcanzar la equidad, “pero si hay voluntad política se podrá avanzar a través de la creación de organismos, instancias y jurisdicciones”, explicó.

 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren entre seis millones y medio a ocho millones de indígenas, de los cuales “por lo menos 65 a 70 por ciento está en condiciones de pobreza estructural, es decir que carecen del total de medios de subsistencia que les permitan una existencia mínima de vida”.

 

El también jefe del Área de Investigación en Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social de la Unidad Azcapotzalco consideró factible un cambio que revierta las condiciones de despojo, a través de nuevas políticas, necesarias para confrontar el Tratado Asia-Transpacífico.

 

El nuevo acuerdo comercial “crea figuras terribles de ocupación, de un contratismo en el que las empresas trasnacionales son juez y parte, condicionando a los pueblos, comunidades y ejidos en la extracción de los recursos energéticos”.

 

En la presentación del libro Justicia indígena y autodeterminación, coordinado por el doctor Durand Alcántara y editado por la Procuraduría Agraria, el doctor José Alfredo Castellanos Suárez dijo que la obra constituye un referente para próximos estudios, pues abre puntos de debate de primer orden y aborda aspectos no planteados, ni abordados o ausentes en la legislación en materia de justicia indígena y en la lucha de los pueblos por su autodeterminación.

 

El profesor de la UACh consideró que “no es fácil legislar en esa materia, ya que hay alineamientos que resultan difíciles y algunos hasta imposibles, por la naturaleza social de los campos tan disímiles en relación con las culturas, de modo que los modelos constitucionales no pueden ofrecer marcos de soberanía que impliquen la autodeterminación”.

 

El especialista resaltó que la publicación contiene el trabajo interdisciplinario de investigación desarrollada entre la UAM y las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma de Chapingo (UACh), así como de la Procuraduría Agraria.

 

El doctor Carlos Urbalejo Guerra, director de Investigación Agraria en la Dirección General de Estudios y Publicaciones, leyó el mensaje del Procurador Agrario, ingeniero Cruz López Aguilar, quien expuso que la cuestión autóctona adquiere relevancia al considerar la existencia de 68 etnias, ubicadas en más de 34,000 localidades del país.

 

Por ello en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está planteada la estrategia de “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades originarias, mediante el fortalecimiento de su proceso de desarrollo social, respetando las manifestaciones de su cultura”.

 

Las líneas de acción del Plan son “impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos autóctonos, así como el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de las garantías legales de esas comunidades y pueblos originarios”.