La ciudadanía de México depositó un voto de castigo en las pasadas elecciones presidenciales para los gobiernos que durante los 18 años precedentes hicieron un uso ilegal de los recursos públicos, permitieron el robo de combustibles, endeudaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sumieron en una crisis financiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señala el doctor Ricardo Espinoza Toledo.

En su artículo La función de gobernar, el profesor de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) asegura que los ciudadanos no olvidan que durante ese tiempo los mandatarios panistas y priistas en lugar de gobernar al país sólo se dedicaron a administrar un proyecto económico importado y ajustado a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en detrimento de los más desprotegidos.

Por ello, en julio de 2018 “se votó de manera masiva para corregir el rumbo. Los ciudadanos no dudaron en darle el respaldo a Andrés Manuel López Obrador y Morena. Si existe el mandato de las urnas, es ese: el predominio de Morena, resultado de la competencia política, es para que los bienes públicos estén al servicio del pueblo”.

“La teoría reconoce que las elecciones equivalen a una suerte de mandato político”, asuman o no las consecuencias políticas. Los cierto es que el domingo 1 de julio de 2018 los presidentes de ambos partidos políticos recibieron el castigo del pueblo mexicano, por haber administrado nuevas políticas y recursos públicos sin ajustarse a la Constitución y a las leyes.

“La discrecionalidad fue la norma y la norma se fue adecuando progresivamente a la discrecionalidad, después de todo, el gran proyecto económico estaba definido y delineado”, subraya el especialista en Ciencia Política.

El académico del Departamento de Sociología de esta universidad detalla que se derrumbó ese liberalismo antidemocrático que se impuso en la práctica de los gobernantes y en la Constitución, en contraposición de la mayoría de los ciudadanos.

Prueba de ello es la manera en que se procesó la ley que crea la guardia nacional, después de que la iniciativa del Poder Ejecutivo fue modificada en aspectos sustanciales por el Congreso, las oposiciones presionaron y debatieron, y los gobernadores intervinieron en la revisión e impulso de una ley de su interés.

Mientras que “los líderes parlamentarios de Morena abrieron el debate y la interacción con sus contrapartes y con los grupos de la sociedad interesados en el tema” para integrar las observaciones y por eso la ley se aprobó por unanimidad, los gobernantes panistas y priistas nunca entendieron que para la ciudadanía el cambio era abrir una ruta diferente y no seguir en la concentración de la riqueza y el desfalco de los recursos públicos.

El “Congreso, mayoritariamente opositor, estaba llamado a desempeñar el papel de balance y contrapeso al proyecto promovido por los presidentes”, pero tampoco lo entendieron. De ahí que Espinoza Toledo resalta que uno de los atractivos de López Obrador y Morena fue su rechazo a la élite que ha controlado el poder político y los recursos públicos.

Por ende, afirma que el triunfo contundente de Morena se debe al resultado de reformas y políticas gubernamentales que, en la práctica eludieron la protección de los derechos sociales y civiles, dejando “un Estado desfondado por la Estafa Maestra, por el robo de combustible, la deuda de Pemex y la crisis financiera de CFE, debido a contratos ventajosos a empresas privadas e incapaz de evitar el dinero bajo la mesa”.

Sumado a la “transparencia en el manejo de los recursos públicos” que es una de las prioridades y las mañaneras contribuyen a ello, que más que conferencias de prensa, son diálogos a través de los cuales el Jefe del Ejecutivo explica, pero también informa.

El académico de la Unidad Iztapalapa concluye que el proyecto de gobierno se evalúa y corrige día a día, pues lo que era exclusivo del círculo cercano del presidente y un ejercicio del medio político y periodístico ahora es público y abierto, sobre todo cuando la administración de los recursos y de los bienes
disponibles se dirige al bienestar público.