En México se han instrumentado interminables reformas a la Constitución para adecuarla a los requerimientos del libre cambio, sin apuntalar ni fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos sociales y civiles de la mayoría de la población, afirma el doctor Ricardo Espinoza Toledo, profesor-investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo La falta de equidad social como problema, el académico del Departamento de Sociología explica que en el país un pequeño porcentaje de agentes económicos concentra la inmensa mayoría de los recursos y todos los demás poseen una parte mínima, por lo que no es posible el libre mercado cuando entre los participantes existe una desigualdad como la mexicana.

El politólogo expone que sin la participación efectiva del Estado no pueden agruparse los factores de la economía productiva, pues el presente está caracterizado por la ausencia de un estado de derecho, con infraestructura insuficiente e inadecuada, desempleo e inseguridad desbordada y educación de bajo nivel.

Para la tecnocracia gobernante no hay necesidad de afectar los intereses de los grupos que lucran con los recursos públicos, lo importante es romper las ataduras con un pasado que se considera desfasado y así la modernidad llegará.

De acuerdo con el doctor en Ciencia Política por la Universidad de París I-Sorbona el Tratado de Libre Comercio creó un régimen especial para incentivar la llegada de inversiones y proteger a los empresarios de los abusos y condicionamientos del gobierno.

En ese escenario las divisas de los migrantes fortalecieron la economía popular y el dinero del petróleo sustituyó el desarrollo de un sistema legal que evitara enriquecimientos ilícitos, corrupción y compra de votos.

Sin embargo, cuando dicho acuerdo es cuestionado por Estados Unidos e impone mayores barreras a la migración, se remata el petróleo y se desvela el manto que ocultaba la realidad de gobiernos sin compromiso con el desarrollo nacional.

El intervencionismo del Estado debe concebirse como un acto de justicia social, pero también como la única forma efectiva de asegurar la paz y el mejoramiento de las clases pobres; sin embargo, la liberalización del mercado va en sentido contrario a los requerimientos sociales de bienestar.

El especialista del Cuerpo Académico Política y Democracia refiere que el gobierno mexicano diseñó e impulsó sus reformas en un entorno globalizador que está siendo duramente cuestionado y ha descartado el fortalecimiento del mercado interno como opción de desarrollo, lo que afecta la vida política.

El mantenimiento de las instituciones democráticas necesita un cuerpo de normas, creencias y hábitos que garanticen el apoyo a las instituciones, lo que depende de la existencia de algunos derechos, libertades y oportunidades fundamentales y efectivos, que encarnen y promuevan las auténticas instituciones políticas, pero es en ello donde radica la falla central en el país.

La democracia social es entendida como equidad de estatus, modos y costumbres, como un proceso que en sentido social y económico extiende y completa ese sistema político y lo hace más auténtico.

Así, la política en democracia se entiende como el conjunto de decisiones colectivizadas que buscan el bienestar, pero cuando ese objetivo no se logra y el método para la búsqueda de ese propósito falla, se pierde el respaldo social a las instituciones, concluye.