Revertir el actual clima de violencia, militarización y criminalización de la protesta por parte del Estado y gobierno mexicano debe partir de la construcción de un cambio de toma de conciencia individual, consideró el Padre Alejandro Solalinde, al participar en el Diálogo Militarización y Criminalización de la Protesta en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El defensor de los derechos humanos de los migrantes señaló que “debemos darnos cuenta de la realidad, de la clase de gobierno que tenemos, a quién sirve, cuáles son sus intereses, a qué han estado apostando todos los partidos políticos con ese pacto que hicieron, cómo nos han traicionado, cómo nos han vuelto la espalda”.

La conciencia se genera a partir de informar, con una organización desde abajo, en red, desde la calle, la familia, el barrio; desechando el miedo porque a través de éste se ha ejercido el control; “descubriendo que en cada uno de nosotros hay un líder”.

El sacerdote mencionó que “en cada uno de nosotros hay un guerrillero” para “iniciar el cambio ante la subversión del estado de cosas y de la entrega del país al capitalismo”.

 
En su opinión “la iglesia católica es un recurso que pese a estar mal orientado y empleado, es todavía una estructura confiable que puede llegar a todo México”.

Para el padre Solalinde se trata, también, de una política fáctica contra los jóvenes opuestos al sistema –los estudiantes de Ayotzinapa– contra los que carecen de oportunidades –los ninis– y las mujeres.

En el marco de esta actividad –convocada por La Casa de Todas y Todos– la maestra Andrea González dijo que la política migratoria del gobierno mexicano carece de respeto a los derechos humanos; está diseñada “para hacer el trabajo sucio de contención de migrantes y de la política de seguridad nacional de Estados Unidos”, militarizando las rutas de paso desde la frontera sur.

La profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM indicó que en gran parte de los casos de violencia registrados en el país hay complicidad del Estado Mexicano, cuya política de criminalización ha afectado a periodistas y a los defensores de derechos humanos, neutralizando su participación y generando miedo.

“Hay complicidad entre el crimen organizado y los gobiernos municipal, estatal y federal que permiten el control de las rutas migratorias” por parte de las bandas criminales.

La omisión de las obligaciones y responsabilidades del Estado forman parte “de una política de Estado” que afecta a quienes defienden, no sólo a los migrantes, también sus derechos, recursos, agua, tierra, formas de organización comunitaria y proyectos culturales alternativos, entre otros, debido a que “cualquier cosa que esté fuera del proyecto estatal es golpeado y vapuleado sistemáticamente”.

El obispo Raúl Vera denunció las reformas estructurales de Peña Nieto y resaltó que “México está lleno de víctimas y destruido por el Tratado de Libre Comercio y la implementación rígida y sin misericordia del neoliberalismo con la complicidad de nuestros políticos”.

Paralelamente “al pueblo mexicano se le han arrebatado todos sus derechos, recursos, creando el trabajo de esclavos con la Ley Federal del Trabajo que nos dieron”.

El prelado mencionó que el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó de octubre de 2011 a noviembre de 2014 en México denunció y condenó los casos de represión a los movimientos sociales, contra los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, la guerra sucia, la devastación ambiental, la migración, la violencia de género, los feminicidios, asesinatos y persecución de periodistas, entre otros.

Señaló que se aplica en el país, desde el levantamiento armado de Chiapas, una política de control y destrucción del tejido social por parte del gobierno como una nueva forma de hacer la guerra.

En ese sentido acusó al ejército mexicano de preparar y armar a grupos paramilitares y organizaciones delictuosas, y a los ministros del Tribunal Superior de Justicia de exonerarlos de los delitos calificados como de lesa humanidad, como la complicidad del Estado con la mafia organizada.

Hay una violencia sistemática planificada por parte del Estado, “las reformas estructurales dejan sin futuro a los jóvenes, la soberanía nacional y alimentaria están trastocadas desde su raíz”.