El Área Metropolitana del Valle de México está en riesgo de una crisis ambiental, social y económica provocada por una cadena de mega proyectos mal concebidos que han sido diseñados en torno a grandes intereses con huellas de corrupción, cuya realización destruirá los bienes comunes y pondrá en riesgo su futura viabilidad.

Los doctores Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Iván Azuara Monter, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y Elena Burns, de Agua para tod@s Agua para la vida, señalaron lo anterior al presentar el Informe y Resolutivos de la Convención del Agua y Energía.

Los trabajos presentados en diciembre pasado en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –en la que participaron investigadores de la UAM, UNAM, UACM y el SME, entre 58 representantes de diversas organizaciones– concluyeron en la necesidad de que se detengan diversas obras que ponen en peligro la sustentabilidad del Valle del México.

Los proyectos señalados son: el Túnel Emisor Oriente (TEO), Proyecto Aeropuerto Texcoco, Pozos ultra-profundos, Cuarta Etapa del Sistema Cutzamala y la Planta Tratadora Atotonilco.

Del primero señalaron que no obstante que el agua de lluvia actualmente exportada sería suficiente para proveer 110 litros/día a los 20 millones de habitantes del Valle de México, se han gastado 20 mil millones hasta la fecha para el TEO para expulsarla, habiendo logrado entregar sólo 10 km de los 60 proyectados.

La obra fue asignada sin licitación al Grupo Carso, bajo secrecía fiduciaria vía el Fideicomiso 1928. Los más de 40 mil millones adicionales que se requerirán para los 50 km restantes serían suficientes para las obras que permitirían retener y aprovechar las aguas pluviales al interior de las cuencas.

El proyecto Aeropuerto Texcoco afectará los vasos lacustres de Texcoco que tienen un papel fundamental en el manejo de lluvias extraordinarias de toda la cuenca y su urbanización pondría en severo riesgo la futura viabilidad del Área Metropolitana.

El estudio considera necesario frenar la perforación de Pozos ultra-profundos que generan un elevado consumo energético, aumentan los hundimientos y grietas en la ciudad con una tecnología sumamente vulnerable a movimientos sísmicos.

La cuarta etapa del Sistema Cutzamala acrecentará la devastación de las comunidades mazahuas y aumentará la dependencia en energéticos privados.

Respecto a la Planta Tratadora Atotonilco dijeron que el Grupo Carso –su constructor– cuenta con la concesión para tratar 23 mil litros por segundo de aguas residuales del Distrito Federal a costa del acceso a este vital recurso por parte de los ejidatarios y comunidades de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, como de los distritos de riego en el Valle de Tula.

Los participantes a la Convención del Agua y la Energía acordaron buscar des-privatizar y democratizar la gestión del agua y de la energía para así lograr la transición hacia un modelo centrado en el bienestar de la población en armonía con la naturaleza y no en el lucro y la corrupción.

Los profesores indicaron que acordaron trabajar en torno a la Aprobación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua para lograr el acceso equitativo y sustentable de este recurso bajo la vigilancia de una Contraloría Social del Agua con la capacidad de revocar el mandato del funcionario que ponga los intereses particulares por encima del estado de derecho y el bien común.

Asimismo señalaron suspender megaobras hidráulicas hasta realizar una auditoría independiente de sus costos y beneficios frente a otras alternativas, y la moratoria a mega-proyectos de expansión urbana en el Valle de México –Aeropuerto Texcoco, Ciudades Bicentenario, Súper Vías y Arco del Sur, entre otros– hasta resolver los problemas de falta de acceso y mala calidad del agua, hundimientos, grietas, socavones, inundaciones y urbanización de suelos de conservación y recarga.

Entre las acciones acordaron trabajar en el reconocimiento al derecho a la auto-determinación comunitaria; respeto y financiamiento prioritarios para los sistemas comunitarios de agua; acceso a aguas residuales tratadas prioritariamente para la soberanía alimentaria; reconocimiento al derecho humano a la energía y prohibir la fracturación hidráulica (Fracking).